El Ministerio Público informó este martes que alcanzó un acuerdo judicial en el que Maxy Montilla y sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y acordaron pagar más de 3,000 millones de pesos como parte de la resolución del caso de presunta corrupción.
Se trata del caso por el que Alexis Medina fue condenado a siete años de prisión por “actos de corrupción” contra el Estado. Otros involucrados también recibieron condenas, aunque algunos fueron descargados.
Maxy Medina es cuñado del expresidente de la República, Danilo Medina, y Alexis Medina es hermano del exmandatario.
El acuerdo fue homologado por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, bajo el criterio de oportunidad establecido en la ley, y fue presentado a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Según una nota de prensa, Montilla pagará 2,000 millones de pesos en efectivo al Estado dominicano, “como parte de la recuperación de los fondos desviados por corrupción”.
Además, deberá indemnizar con 600 millones a las Distribuidoras de Electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, “por los perjuicios causados por sus prácticas fraudulentas”.
Asimismo, deberá pagar 431 millones a la DGII y autorizar el decomiso de un terreno valorado en 50 millones de pesos.
Disolución de empresas y otros compromisos
El acuerdo incluye la disolución de 11 empresas vinculadas a Montilla, muchas de las cuales participaron en “los contratos fraudulentos dentro del sector eléctrico, operando con información privilegiada y sobornos a funcionarios públicos”.
El Ministerio Público detalló que Montilla utilizó sus empresas para obtener contratos públicos de forma ilegal, lo que resultó en un monopolio en el sector eléctrico y afectó gravemente la calidad del servicio.
- Los sobornos a funcionarios fueron fundamentales para manipular los procesos de contratación y asegurar la adjudicación de los contratos, informó el ministerio.
Criterio de Oportunidad
El acuerdo fue impulsado bajo el artículo 370 del Código Procesal Penal, que permite al Ministerio Público aplicar el criterio de oportunidad cuando el imputado contribuye a la investigación y facilita el esclarecimiento de los hechos. Este mecanismo se ha utilizado para resolver el caso de manera más eficiente dada su complejidad.
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